José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, seguirá procesado en libertad luego que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtiera la detención provisional ordenada por el juez Cuarto de Instrucción.
La Cámara también revocó la detención provisional contra la exesposa de Salazar, Sara Paz Bojórquez; su hija, Susana Noemy de Cruz; y la exesposa del alcalde de Metapán (prófugo de la justicia) Romelia Guerra Argueta. Todas ellas procesadas en el mismo caso de Adán Salazar, quien está siendo procesado por delitos de lavado de dinero; también ha sido señalado como capo internacional de la droga por los Estados Unidos.
Los procesados deberán cumplir con las siguientes medidas cautelares: presentarse ante el juez cada 15 días, no salir del país, entregar el pasaporte, no cambiar de residencia. Además deberán de pagar una fianza de cien mil dólares.
La Fiscalía podría apelar en los próximos días. Los bienes de Adán Salazar seguirán embargados.
José Adán Salazar Umaña fue capturado el martes 4 de abril, junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, además de Romelia Guerra Argueta, mientras que su hijo José Adán Salazar Martínez se encuentra prófugo. Ese mismo día Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, acusado de ser el cabecilla de una estructura de lavado de dinero.
El 5 de abril, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), declaró como prófugos de la justicia al alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa; su hijo Wilfredo Guerra Umaña y su cónyuge, Miriam Salazar de Umaña, y Tránsito Mira de Guerra.
Tres días más tarde, el 8 de abril, la Jueza Cuarto de Paz de San Salvador consideró que existía peligro de fuga y ordenó detención provisional contra José Adán Salazar Umaña y tres mujeres más.
El núcleo familiar de Chepe Diablo es acusado de tener un incremento patrimonial no justificado superior a los 22 millones de dólares. Para esto se sirvió de sus hijos y exesposas.
En diez años, de 2003 al 2013, José Adán Salazar Martínez, hijo de Chepe Diablo, posee un incremento patrimonial de $9,4 millones. Estos son los detectados por la Fiscalía y que no han logrado ser aclarados tanto el origen de los fondos como las declaraciones respectivas a las autoridades financieras. En el mismo periodo, 2003 al 2014, la exesposa de Chepe Diablo, Sara Paz Martínez Bojórquez, incrementó su patrimonio de forma ilegal en $5,4 millones.
Durante el mismo periodo, la hija de Adán Salazar, Susana Nohemy Salazar de Cruz, se presume lavó $2,5 millones.
El mecanismo de lavado de dinero, según el requerimiento de acusación de la Fiscalía, estriba en la compra de bienes y la reventa a menor precio, siendo el más beneficiado de toda esta operación “el patriarca”, como lo señaló el jefe de la unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez.
La Fiscalía señala, por el momento, que Chepe Diablo no logra justificar $4,7 millones, en su patrimonio personal en cuentas bancarias.
Sin embargo, los vínculos consanguíneos de su socio, el alcalde de Metapán y cómplice delictivo, Juan Umaña Samayoa, hace que la cifra crezca en 13.7 millones de dólares más.
Para lavar esta cantidad, el alcalde metapaneco también utilizó su núcleo familiar.
Este entramado de lavado se extiende al hijo del alcalde de Metapán, Wilfredo Guerra Umaña, apoderado legal de Gumarsal, empresa que no logra justificar un incremento patrimonial de $170,9 millones. Y a título personal, Guerra Umaña tampoco logra esclarecer una fortuna de $8 millones
La investigación fiscal también incluye en las irregularidades a la actual esposa del alcalde prófugo, Tránsito Ruth Mira de Guerra, y su hija Romelia Guerra Argueta, quienes no justifican $3,9 millones y $983,948, respectivamente.
Por su parte, Juan Umaña Samayoa, en el periodo investigado, desde el año 2003, poco antes de iniciar su gestión municipal, registra un ingreso patrimonial no justificado de $2,3 millones
En total, la FGR señala que Chepe Diablo y el alcalde Juan Umaña, “ocuparon para el blanqueo de capitales” tanto a sus familias como sociedades jurídicas. Las investigaciones señalan que entre todas las cuentas investigadas, la suma asciende a “$215,167,786 los que no están justificados o respaldados en las operaciones regulares de estas empresas”, dice la acusación fiscal.
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